El Estado Mexicano ha violado los derechos de la Naturaleza.
Así sentenció el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en su octava audiencia en la ciudad insumisa de Sak I’ en la Península Maya de Yucatán, México los días 9-12 de marzo del año en curso. Lo anterior se deriva de un tren mal llamado maya, es un megaproyecto implementado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), empresa estatal que a tres años de estar construyendo esta obra no ha presentado el plan ejecutivo ni el estudio de impacto ambiental que por ley está obligado a hacer.
Los pueblos mayas de la Península de Yucatán no recibimos información en torno a este tren, más bien el gobierno se encargó de desplegar una propaganda con todo el poder del Estado para crear una narrativa popular sobre los beneficios económicos que dejaría este proyecto a las comunidades marginadas y necesitadas de educación, salud, vivienda, empleo, agua y otros servicios básicos, al mismo tiempo que corrompía a líderes comunitarios para entregar los kilómetros de tierra que necesita para el recorrido de su tren.
Los daños ambientales no se han dejado esperar, la selva ha sido masacrada a pesar de que el presidente de la República prometió, juró y perjuró que no se tumbaría ningún sólo árbol, son millones de árboles que han sido derribados, los cenotes han sido rellenados, los animales los han convertido en migrantes del sur global al ser expulsados de su hábitat, los pájaros huyeron despavoridos a lugares inciertos desde donde gritan consignas en contra de este hecho que el gobierno llama desarrollo y civilización, las abejas se han quedado si la floración de los árboles, el agua está recibiendo una gran cantidad de sustancias industriales que la contaminan, las comunidades mayas están siendo desplazadas de sus lugares de origen por la especulación de tierra que se ha generado por este proyecto, la militarización del tren es solamente un escaparate para descubrir la inseguridad que campea en el país tanto por los carteles del crimen organizado como por las mismas fuerzas armadas. A más de tres años de que se haya iniciado la construcción de este tren, no hay una sola comunidad que haya recibido los beneficios que se le ha prometido, si bien es cierto que había pobreza en sus comunidades por lo menos tenían tierras para trabajar, ahora el tren los ha despojado hasta de sus tierras.
Estos son algunos de los temas que conocieron los jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza por el testimonio de decenas de comunidades mayas, por los estudios técnicos y científicos de académicos, por los alegatos del fiscal de la tierra Lic. Jorge Fernández Mendiburo. En consecuencia, este tribunal que convocó al gobierno federal y a las demás organizaciones responsables a comparecer, emitió la siguiente resolución:
“Responsabilizamos al Estado Mexicano de la violación de los derechos humanos individuales y colectivos, los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya que es el protector y guardián del territorio, de los cenotes, de la selva, de los seres sintientes no humanos que habitan el territorio de la mano de un proyecto que es una suma de proyectos interconectados de gran escala con impactos multidimensionales, este Jurado advierte que la realización del mal llamado tren maya en realidad abre la puerta no solo al ecocidio sino también al etnocidio.
Segundo, el Tribunal advierte que hay suficiente documentación que confirma la violación de todas las herramientas de protección social y ambiental por eso declaramos la suspensión del megaproyecto del tren Maya y exigimos una auditoría independiente, inter y transdisciplinaria, intercultural con lo cual nos estamos refiriendo a la participación plena y efectiva de las poblaciones afectadas no solo de los diferentes tramos del llamado tren Maya, sino también del plan maestro que nunca ha sido presentado por las autoridades, las evaluaciones de impacto ambiental deben ser sistémicas y no solo parciales teniendo en cuenta que el proyecto del tren no abarca solo el tren, sino que se conecta con otros proyectos exacerbando sus impactos sociales, culturales socioambientales y de género.
Tercero, exigimos la reparación y restauración de aquellos ecosistemas dañados e impactados por el trazado del tren Maya que abarcan sistemas naturales, así como impacta negativamente sobre la tenencia comunal de la tierra y los territorios en esa línea exigimos también se detenga el proceso de despojo y expropiación de la tierra ejidataria a las comunidades y la revisión de todo el proceso de enajenación de la misma, así como disponemos una revisión del concepto de función social y su reemplazo por el de función ecosocial de acuerdo a la doble dimensión que apuesta a este tribunal la protección de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya.
Cuarto, exigimos la desmilitarización inmediata del territorio, hacemos un llamado urgente al Estado a todas las instancias defensoras de los derechos humanos en México y de los organismos regionales e internacionales, como el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a garantizar la vida de todos aquellos y aquellas que cuestionan el tren Maya y los proyectos conectados a este, extendemos también el llamado a las empresas y a los financistas del proyecto a respetar los derechos de los pueblos, exigimos la aplicación del acuerdo de Escazú así como todas las garantías vinculadas a las leyes que exigen el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, lo cual incluye no solo la consulta previa, libre, informada sino también el respeto a los usos y costumbres, y las culturas del pueblo maya.
Quinto, demandamos al ejecutivo y legislativo a aprobar una nueva constitución o a realizar reformas constitucionales como se han realizado en algunos estados federales por ejemplo en el Distrito Federal, en Oaxaca, en Guerrero entre otros, aquí mismo en México a establecer el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, así como a reconocer el efectivo ejercicio de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
Nos toca ahora exigir que se cumpla con esta sentencia, que el gobierno detenga este desastre que llama tren maya y repare los daños. Las comunidades mayas y todas las mujeres y hombres que reconocemos los derechos de la naturaleza, tenemos muy claro que se han violado convenios internacionales como el 169 de la OIT entre muchos otros, por eso no nos detendremos hasta que haya justicia para la naturaleza y para las comunidades mayas despojadas de su territorio.
