Desde los fuegos del tiempo

Los símbolos no sólo habitan las ceremonias

Qué difíciles son las lecturas del espectáculo mediático. Buscamos desentrañar en la inmensidad de signos desatados, algo que nos corresponda y nos resuene, donde encontremos un sentido en común y un sentido común; una sensatez que nos aquiete aunque sea un rato.

El maraka’ame Pedro de Haro nos insistió vez tras vez en que debíamos “ir plantando por el mundo velas de vida”. Y claro, la gente pensaba que se refería a las ceremonias cual momento de reinaugurar los signos, las señales, pero también los símbolos: esa amalgama misteriosa y translúcida entre las relaciones, esa vastedad oculta en esos signos. Pedro de Haro era profundamente cuidadoso de los ritos pero algo que logró transmitirnos remachándolo a quienes lo conocimos: “Tenemos que entrañar nuestros cuidados en cada lugar, casi que todas las veces que nos topamos con alguien: ésas son las velas de vida. Claro, además hay que plantar una veladora o candela en los lugares sagrados, que son tantos. Pero ése es ya un cuidado del cuidado. Eso es para que no se nos olvide”.

El viajero B. Traven relata una ceremonia de cambio de autoridad en los Altos de Chiapas, entre tseltales. Ahí, tres encargados, entregaban a la autoridad entrante un “cetro de ébano”, y lo sentaban en una silla a que escuchara la cantilena de recomendaciones de cada uno de ellos, que era larga y laboriosa de entender. La silla tenía un agujero en el mero asiento de tule. Y debajo disponían un “braserillo de barro en el que ardían vivamente algunos carbones”. La nueva autoridad “se bajaba los calzones de manta y se sentaba en la silla en medio de las bromas y cuchufletas de los que lo rodeaban”. Los comentarios literalmente mellaban la atención de la autoridad mientras le obligaban a responder ante las circunstancias de la vida como debe hacerlo un hombre o una mujer en cualquier caso: con calma, alegría, responsabilidad, atención y entrega. Si aquel hombre hacía muecas, o profería “ayes de dolor”, o se removía en su asiento o de plano se paraba, la comunidad entera entendía que tal autoridad no iba a dar el ancho.

El símbolo de la ceremonia de cambio de autoridad no estaba vacío y la entrega del bastón de mando era el recordatorio de un cuidado. Lo que cruzaba a la gente en ese momento no era el espectáculo de ver al hombre en el brete, o en la entronización, sino el entender cómo respondería. Espectáculo y entendimiento son dos asuntos muy diferentes (consulten Gobierno, de B. Traven si quieren disfrutar las entretelas de los cambios de autoridad y del detallado intento de establecer un aparato de control y sometimiento por parte de los caciques blancos y castas arribistas en cada rincón de los territorios originarios.)

Más recientemente, la abogada aymara Magali Vienca Copa Pabón, nos ilustra el punto. Dice la compañera, hablando desde y del proceso de Bolivia:

“Hay voces que ponen en entredicho al sujeto indígena que el Estado considera cómo único válido (movimientos sociales) y demuestra la invisibilización y la criminalización de los indios ‘no permitidos’. El ‘indígena reconocido’ es tolerado mientras no pretenda demandar otros derechos ni socavar las estructuras del poder dominante […]

“Hoy se vive uno de los peores momentos del movimiento de lucha indígena. La confusión de estar incluido en el Estado, siendo al mismo tiempo excluido, es parte del ocultamiento de lo propio tras la cooptación conceptual, simbólica e histórica de pueblos y naciones indígenas; vela los límites del Estado Plurinacional e invisibiliza a los sujetos de las nuevas agendas de lucha y la construcción autonómica desde la autodeterminación.

“Tendríamos que dejar de buscar ‘alternativas’ al modelo centralista en la idealización de las instituciones ancestrales indígenas, si éstas se ensamblan a la vieja institucionalidad estatal. No se puede seguir pensando que, al tener un representante indígena en el Estado, éste sea un interlocutor válido de las demandas y necesidades.

“Los únicos dueños de sus luchas son los sujetos indígenas que viven hoy la vulneración a sus derechos. Estos sujetos, cada día más numerosos, ya no se creen el discurso del ‘reconocimiento indígena’. El Estado debe replantear su postura y reconocer su carácter centralista y hegemónico; la mentalidad del Estado controlador busca ampliar su presencia y extender su hegemonía. No se plantea cambios profundos, sino una administración de recursos para mantener contento al electorado. Creer que las agendas del Estado Plurinacional son expresión de las agendas indígenas es una ingenuidad. Habría que cuestionar profundamente los canales de la autonomía o dejar de mencionarla como parte de las luchas por la autodeterminación.” “Paradojas de la autonomía indígena”, Pukara 148, La Paz, diciembre de 2018.

http://www.periodicopukara.com/archivos/pukara-148.pdf

Puesto así, el problema del ritual de toma de posesión de la nueva presidencia de la república no radica en si hubo en la ceremonia gente verdadera, o no. Lo crucial es el mensaje que el “primer mandatario” envía al mundo desde una viñeta etnográfica: «a quienes se amolden a mi formato “indígena”, les voy a hacer caso. A los pueblos en resistencia les digo: el Tren Maya va porque va».

Es un hecho que no estuvo el pleno de las comunidades, movimientos y luchas de todo el país que podrían haber enviado representación. Decirle a las luchas en defensa del territorio en el mismo acto de toma de posesión que “el Tren Maya va porque va” simboliza mucho más que la posibilidad de entregar un bastón de mando. Lo no dicho pero presente es que por más lesivos que sean para los pueblos los megaproyectos seguirán en la agenda que sea conveniente para el gobierno. Y sin consulta previa, ni libre ni con información, ni algo culturalmente adecuada; sin considerar el posible consentimiento o negativa de las comunidades que habitan los territorios por donde cruzará el tren maya, ese giga-proyecto está aprobado.

Que haya habido una encuesta de opinión a la que le llamaron consulta y que ésta coincida con la toma de posesión tal vez es parte de la lógica mediática del acto, pero implica un descuido y una imposición rampante porque una encuesta NO es una consulta, y conceder consulta no es reconocer la autonomía.

Pero la narrativa se disocia, se entrevera, se tiende en ramificaciones y rizomas como un río con sus afluentes.

Importa la defensa de los territorios. ¿Qué implica un Tren Maya? Quienes hemos seguido de cerca el proceso de la Península de Yucatán sabemos ya que a la Península la quieren como Zona Económica Especial (ZEE), como ámbito de acaparamiento territorial y de los procesos que ahí ocurren, con gobiernos privados, donde poco a poco o de golpe, los servicios se privatizan: alcantarillado, agua y basura; hasta los servicios de seguridad que se tornan las policías que vigilan el cumplimiento de ¿qué leyes?. Se privatizan las playas, los esteros, las lagunas, los manglares, los corales y hasta las cárceles se hacen privadas en aras del turismo y el negocio. Zonas “libres”, donde funciona un gobierno privatizado dentro de un Estado, pero no comunitario, popular, para todas y todos privado, con la tendencia a privatizarse en más y más ámbitos.

El ASPY (Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán) fue una especie de piloto de estas ZEE. Se firmó a finales de 2016 en el marco de la COP 13 en Cancún, entre los mandatarios de las tres entidades de la Península para coordinar todas sus acciones, muchísimos programas, que en teoría harían un paraíso de “sustentabilidad” la Península. La gente se burlaba diciendo que era un Acuerdo de Saqueo de la Península de Yucatán, pues pondría en operación parques eólicos, parques de celdas solares, “intensificación ‘sustentable’ de la producción agrícola en 250 mil hectáreas en terrenos agrícolas, reservas de la biosfera, programas de bonos de carbono y de deforestación evitada o REDD, que implica pagos por servicios ambientales y esquemas de finaciarización de la naturaleza, además de invernaderos, proyectos inmobiliarios y turísticos, la promoción de algo extraño denominado ¡¡¡¡¡“paisajes bioculturales mayas en 5 millones 484 mil hectáreas”!!!!

Silvia Ribeiro, escribiendo para La Jornada el 21 agosto de 2018, no dejaba de anotar:

“Para los pueblos mayas, nombrados en el ASPY como objeto del acuerdo pero nunca consultados, la llamada ‘sustentabilidad’ no es más que otra afrenta. Llevaban ya una intensa lucha contra la siembra de soya y maíz transgénicos, contra la muerte de sus abejas y la amenaza a la apicultura tradicional por los agrotóxicos y transgénicos, contra la deforestación y la contaminación de aguas y suelos causada por la invasión de empresarios menonitas que arrasan todo con tractores y cadenas para sembrar monocultivos industriales con alto consumo de agrotóxicos y hasta transgénicos en forma ilegal, y ahora tuvieron que enfrentar también esta iniciativa disfrazada de ‘sustentable’.

“El ASPY incluye la promoción de la ‘certificación ejidal’ y asegurar el ‘manejo’ de bosques, formas encubiertas de facilitar que se rente o venda la tierra, y que los bosques entren en los programas REDD, quitando a las comunidades el manejo de sus bosques mediante técnicos externos, vendiendo las funciones vitales de los bosques como mercancía en los mercados de carbono.”

Por fortuna, las comunidades y las organizaciones actuaron con celeridad y lograron interponer amparos que hicieron que los jueces declararan insubsistente el ASPY, para escándalo de gobiernos, empresas, medios de comunicación e incluso ciertas ONG, que no imaginaron un triunfo tan contundente de los mayas. “Contrario a lo que dice la propaganda, el ASPY establece un marco que promueve a empresas y ONGs trasnacionales en su invasión de los territorios indígenas de la Península. Quienes se oponen son presentados como opositores al ‘desarrollo verde’, no como pueblos indígenas que legítimamente defienden su territorio. Las comunidades mayas entendieron el fondo del proyecto, e iniciaron un proceso de discusión y la demanda que finalmente ganaron”, dijo Ribeiro.

En un comunicado al momento de las sentencias, el Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, la Asamblea de defensores del Territorio Maya Muuch’ Xíinbal, el Colectivo de Semillas Muuch Kanan l’inaj, Educe Quintana Roo y la Asamblea nacional de Afectados Ambientales declararon:

“El Acuerdo dice que para el 2020 se reducirá la deforestación, sin embargo, a nosotros nos preocupa que muchos de los mega proyectos aprobados en el marco de esto que los gobiernos llaman ‘desarrollo sustentable’, dejarán miles y miles hectáreas deforestadas para instalar parques eólicos, paneles solares, mega granjas, desarrollos inmobiliarios y turísticos. La amenaza que los megaproyectos de energía eólica y fotovoltaica representan para nosotros es muy grande porque en la Península se han aprobado 15 proyectos de energía renovable a favor de empresas que ni siquiera son mexicanas. Nosotros nos preguntamos ¿Cuánto dinero van a generar esos proyectos? ¿Quiénes se beneficiarán principalmente de esos negocios que llaman verdes? Porque a los pueblos han ido a rentar las tierras y la ganancia que queda a los ejidatarios es de 70 centavos por día mientras que las empresas ganarán millones.”

Pero las sentencias fueron más que contundentes porque un juez en Yucatán valoró “la presencia de las comunidades mayas asentadas en la región y la trascendencia económica, política y religiosa de la cultura maya, reconociendo las implicaciones de los derechos a la tierra y al territorio, y expresamente “la ocupación histórica de la comunidad indígena maya en el territorio de la Península de Yucatán y la necesidad de contar con su participación mediante una consulta efectiva”. Los magistrados en Quintana Roo “reconocieron que son los habitantes de las comunidades quienes han empleado ancestralmente los conocimientos tradicionales y desarrollado innovaciones y prácticas pertinentes para la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de los recursos naturales de sus territorios. Y señalaron que la garantía de consulta es indispensable para salvaguardar la libre determinación de los pueblos y los derechos culturales y patrimoniales que les corresponden”, según consta en un texto del abogado Raymundo Espinoza quien acompañó este proceso de litigio participativo, donde anota algunas conclusiones fuertes derivadas: “Las sentencias protegen al pueblo maya peninsular en su conjunto y no sólo a las comunidades donde habitan los quejosos o a ciertas localidades particulares de una u otra entidad federativa. La figura de los consejos indígenas se vuelve fundamental ante la relevancia histórica reconocida a las comunidades mayas y la obligación de consultarlas. Las resoluciones son complementarias y en diversos aspectos constatan la inconstitucionalidad del Acuerdo. Las sentencias constituyen un freno contra el esquema de gobernanza ambiental desarrollado en la Península y las aspiraciones de políticos locales y organizaciones regionales, quienes pretendían avanzar desarrollando negocios verdes de forma unilateral y sin transparencia, sin consideración a los perjuicios que puedan causar a las comunidades mayas”.

Publica Pedro Uc, poeta maya, en su muro de Facebook: “Han empezado con éxito la reforestación del campo, el proyecto es de un millón de hectáreas. Los primeros árboles miden 170 metros de altura, los que siguen en Ixil son de 270 metros. Cada una de sus ramas se moverá con una velocidad de 400 Km por hora y necesita 2 mil toneladas de concreto para su cimentación; es una nueva era, ya no le llamarán selva alta, sino área eólica natural protegida. Ninguno será derribado por el tren maya”.

Ya hay la iniciativa de que se extenderá el ritual del primero de diciembre para que los pueblos mayas le den su bendición al tren. De Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, le saludarán con devoción, según nos promueven en las propagandas que ya circulan por todas partes y que Gloria Muñoz anota en su columna Los de Abajo en La Jornada.

Dicen Sergio Guerrero, Gabino Martínez, Héctor Muñoz y Samuel Rosado en “El llamado tren maya”, aparecido este sábado en Ojarasca260. “La entrada de los hoteles supuso un despojo real de las costas de los pueblos mayas y, con ello, de la pesca y el disfrute de su territorio. El despojo no sólo es un hecho jurídico como algunos economistas neoclásicos pregonan (cuando acaso lo reconocen), sino que consiste en la negación del uso del territorio antes habitado por otra cultura u otro modo de relación con la naturaleza. Esta negación se produce en positivo: al construir los hoteles, en vez de respetar los manglares, los espacios determinados por los pueblos y las comunidades para la pesca, la siembra y el disfrute del entorno se transforma la relación original. Aunque la costa siga siendo “federal” y no esté bajo el dominio jurídico oficial de los hoteles, el despojo, la construcción en positivo de otro modo de relación con la naturaleza que premia la ganancia de los hoteleros y de los cárteles de la droga en vez de a los pescadores, comuneros, campesinos, pobladores y defensores de la selva significa despojarlos realmente de su territorio”.

El Tren Maya no es una vía tendida circundando la península, una vía transísmica y en parte chiapaneca. Es un tramado de proyectos de todo tipo que se activará de la misma manera que lo intentó el ASPY. Es el ASPY “recargado”. Y ahora les urge a los empresarios que tanto despotricaron cuando se les cayó el negocio. Porque siguen pensando en la instalación de por lo menos 6 parques solares y 9 parques eólicos, más la instalación de granjas industriales de cerdos y pollos como la que se ha querido imponer en Homún, para peligro de los sistemas hidrológicos subterráneos que atraviesan toda la Península.

Y si el ASPY fue promovido por unas cuarenta empresas y ONG de conservación como la no muy bien vista The Nature Conservancy, todavía es poco claro quienes están detrás del Tren Maya. Pero sin duda es un megaproyecto tal vez mayor que el infame Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Tenemos que insistir en que una vía nunca será sólo una vía. Como lo han planteado los urbanistas libertarios como Buckminster Fuller o el sabio y entrañable Jean Robert, la apertura de una vía es la puerta para una urbanización que se extiende en drenajes, cableado eléctrico, tubería de agua potable, alumbrado público y los servicios y lotificación que surgen a su paso. Se rumora que en cada punto de parada del tren se avizoran ciudades de unos 50 mil habitantes. Y la reactivación de los mismitos proyectos contemplados con anterioridad en el ASPY.

Recuerden las palabras de Alfonso Romo el 21 agosto de 2018 (recogidas por Expansión) al declarar: “El reto de esta administración es hacer un México moderno. Tenemos toda la confianza, se va a convertir en un paraíso de inversión”. Romo dijo que, desde su puesto, buscará ser el contacto del sector privado con el gobierno, para impulsar el crecimiento de México. El empresario se enfocará en un crecimiento de la economía de 4% anual, en promedio, el desarrollo de una política industrial, la revisión de todos los tratados comerciales y el impulso de la región sureste del país, con proyectos como el tren y el aumento de la productividad de cultivos tropicales”.

En el fondo, la dicotomía yace entre la promoción y reconocimiento de la autonomía o su sustitución por la versión más deslavada de ésta, que es que te pregunten tu opinión.

El antropólogo José Del Val dijo en un reciente evento en la Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS): “un Instituto de los Pueblos Indios, que es la intervención del Estado hacia los pueblos, implica solamente asistencia social. Mientras los pueblos no sean sujetos políticos plenos, la acción del Estado se queda en el indigenismo”.

Las consultas, como las conocemos en el actuar institucional son una de las formas eufémicas de ese asistencialismo. Te consulto, pero sólo para que constates mi buena fe. No porque me importe tu opinión, parecen decirnos.

Por qué, si no, siguen prometiendo que van a declarar a los pueblos “sujetos de derecho público” y vuelven a dejarnos una ley del INPI tan insuficiente, que dice declararlos y remite los términos al artículo 2 Constitucional donde solamente son “sujetos de interés público”, como bien lo detectó Magda Gómez en La Jornada el 27 de noviembre.

Y algo que le confiere a la dicotomía autonomía-consulta su matiz más lacerante, la herida reluciente que es el más mordaz de los símbolos que aquí nos competen. Lo dijo Heber Uc, de la Asamblea de Colectivos del Poniente de Bacalar, en esa misma reunión en la DEAS: “ya no queremos que nos vengan a consultar sobre sus proyectos. No se dan cuenta siquiera que nosotros tenemos la capacidad de proponer y operar nuestros propios proyectos”.

Ramón Vera. Editor, investigador independiente y acompañante de comunidades para la defensa de sus territorios, su soberanía alimentaria y autonomía. Forma parte de equipo Ojarasca y Grain

Este artículo fue publicado por desinformémonos. Leer nota.