Indígenas de Yucatán levantan la voz contra proyectos
De acuerdo con un juez, el Acuerdo para la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY) es violatorio para los intereses del pueblo maya.
Por La Verdad
Luego de que en días pasados en Quintana Roo se dictaminara que el Acuerdo para la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY), firmado por los tres actuales gobernadores de la Península de Yucatán, es violatorio a los intereses de los pueblos originarios mayas, activistas mayas de Yucatán se han mostrado satisfechos con la resolución, a espera que en el estado se replique esta medida.
Sobre esto, Pedro Uc Be, activista y maya originario, explicó a Grupo Editorial La Verdad que ese acuerdo plantea la posibilidad de construir mega proyectos, llamados la sustentabilidad de la península, sin que tenga bases concretas para preservar la cultura. “Nosotros al leer el documento, nos dimos cuenta que no se hiso público como debería de ser; no se publicó en los Diarios Oficiales, lo que nosotros pensamos hubiera correspondido”, dijo.
Sostuvo que esta iniciativa se realizó a la discreción de los que tienen los intereses económicos, “que son alrededor de 50 empresas, que están interesadas en mega proyectos que tiene que ver con energías renovables y que tienen que ver con turismo verde, con granjas de cerdos, con semillas transgénicas, y ese tipo de proyectos”.
“Cuando nos topamos con este acuerdo, con una institución que la puso en su portal, y tal vez sea suerte o por casualidad, nos topamos con este proyecto. Lo leímos y nos sorprendió mucho que todos estos proyectos se iban a desarrollar en el territorio maya. Nosotros dijimos ‘por qué lo van a hacer en territorio maya’, ni siquiera nos han consultado, no nos han informado, no nos han dado a conocer este proyecto o acuerdo”, mencionó.
Indicó que la incursión de empresas e intereses económicos, sólo “están violentando nuestros derechos, toda vez que cuando se hace un plan de desarrollo (nacional, estatal o municipal) de acuerdo a las leyes establecidas en el artículo 2 constitucional deberían consultarnos. Y resulta que nosotros no sabíamos nada sobre este tema”.
Por lo anterior, dijo que pidieron ayuda, y fue que tuvieron el apoyo del licenciado Raymundo Espinosa. Fue en ese momento fue cuando diversas ONG’s interpusieron un amparo en contra del ASPY, y fue en contra de los tres gobernadores de la península. “Nosotros cuando interpusimos el amparo en Yucatán, el juez lo primero que hace es desecharla, porque en esa primera lectura que le hace no percibe, ni describe cuales son los daños que generarían en el pueblo maya”.
_Eduardo Uc
